viernes, 26 de febrero de 2010

El PRD quiere dar a los clérigos derechos poíticos

Pablo Gómez (Senador por el PRD) presentó al Senado la propuesta para permitir que los sacerdotes tengan derecho a expresarse en temas políticos y de asociarse en grupos políticos. La iniciativa consiste en eliminar el inciso e) del artículo 130 constitucional, el que establece que “los ministros no podrán asociase con fines políticos ni realizar proselitismo en favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán, en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios”.


Según Pablo Gómez, al quitar el inciso se corrige una antinomia constitucional, que trata diferente a los sacerdotes del resto de los ciudadanos mexicanos respecto a sus garantías individuales vigentes.


“Los sacerdotes de todos los cultos religiosos son ciudadanos cuando tienen las cualidades exigidas para cualquiera y, por tanto, deberían poder gozar de las prerrogativas de ciudadanía, entre las cuales se encuentra la de asociación política personal y libre. El inciso e) del artículo 130 constitucional se enfrenta a ese estatuto constitucional del ciudadano, con lo cual encontramos otra antinomia.


“En cuanto a la limitación de la libertad de expresión para los extranjeros en los temas de carácter político y a la prohibición de la asociación de éstos para tomar parte de los asuntos precisamente políticos del país (artículo 33 de la Constitución), encontramos que la norma abarca a cualquier extranjero pero nunca a un ciudadano”, destacó.


Recordó que dentro de los derechos humanos se encuentran aquellos que tienen que ver con la nacionalidad, la pertenencia a un Estado y la ciudadanía. La persona que sea ciudadana no puede dejar de tener los mismos derecho.

Además el perredista consideró que la jerarquía católica ya "pagó la factura" que le cobró el Constituyente de 1917: "esa factura no tenemos por qué mantenerla hoy".



Iniciemos el análisis de lo dicho por Pablo Gómez. Primero que nada, resulta que no hay ninguna antinomia y lo único que demuestra Pablo Gómez es su ignorancia de la ley al no tener ni la más mínima idea de lo que se consigna en la constitución y sobre por qué a los sacerdotes se les limitan derechos políticos, además parece ser que pasa por alto que la ley se interpreta en forma sistemática, es decir, toda en un conjunto único y no de artículo por artículo; aunque también es cierto que en la constitución prevalece la interpretación gramatical y lógica, pero no obstante ello, el artículo al que se refiere no tiene nada que ver con la reforma que promueve y es que me pregunto ¿Qué tiene que ver el capítulo de los extranjeros con la pérdida de la ciudadanía? Lo que resulta más triste es que este sujeto es senador y está obligado a conocer la constitución en forma íntegra y no en partes ¿o no será que promueve esta reforma por otro tipo de intereses? Si Pablo Gómez hubiera leído el artículo 37 y lo hubiera relacionado con lo que establecen los artículos 34 y 35 de la misma constitución y no sólo se hubiera limitado a la tarea simplista de leer el artículo 33 e interpretarlo de una manera por demás estulta, hubiera visto que en los apartados I, II, III y IV del inciso "C" del artículo 37 se establecen limitantes a los ciudadanos Mexicanos en lo tocante a usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, prestar servicios oficiales a gobiernos extranjeros, aceptar o usar condecoraciones extranjeras y admitir títulos o funciones de gobiernos extranjeros. También hubiera visto en el artículo 34 cuales son los requisitos que establece la carta magna para obtener la ciudadanía en México y además, hubiera visto en el artículo 35 cuales son las facultades de los ciudadanos mexicanos. Así pues resulta que si un individuo asume un título otorgado por un Estado extranjero o demuestra sumisión a él, pierde la ciudadanía mexicana (no la nacionalidad, no confundir, un menor de 18 años es nacional mexicano pero no es ciudadano y por tanto no puede votar o ser votado). Y como resulta que eso es precisamente lo que hacen los sacerdotes católicos al asumir una sumisión hacia el gobierno del Estado del Vaticano, resulta que, muy a pesar de este ignorante de la ley y senador perredista, no existe ninguna antinomia, en cambio, hacer las modificaciones que este estulto senador propone si que traería como consecuencia una antinomia de proporciones colosales.


Este tipo termina diciendo que los ciudadanos no pueden dejar de tener los mismos derechos, eso es cierto, pero por lo expuesto arriba, podemos constatar que los sacerdotes eligen voluntariamente renunciar a su ciudadanía por servir al gobierno extranjero del Vaticano. todo esto tiene su razón de ser, si no sólo imaginen lo que sucedería si uno de nuestros gobernantes hiciera votos de sumisión a una nación extranjera y por alguna causa se llegara a tener un conflicto con dicha nación ¿de qué parte estarían sus intereses? Precisamente para evitar este embrollo son útiles estas disposiciones, ¿o acaso Pablo Gómez propondrá eliminarlas también para con ello asegurar que los sacerdotes puedan ejercer cargos públicos y volvernos así un estado teocrático donde cualquier delito es considerado "pecado" y las penas sean lo más brutales posibles? Particularmente yo me opongo a estas reformas, esperemos que los legisladores en esta ocasión piensen por el beneficio de la nación y no sólo en privilegios particulares o en quedar bien con el electorado que es mayormente católico para asegurarse votos en las próximas elecciones.


Finalmente, al decir que la iglesia ya pagó la factura que le cobró el constituyente de 1917 es una completa estupidez, de hecho sería lo mismo que decir que como los conflictos laborales de la actualidad ya no son tan marcados como los de 1917, entonces debemos suprimir la Ley Federal del Trabajo. O también podríamos equiparar esta declaración estúpida a decir que se reconozca a Victoriano Huerta y Maximiliano de Hasburgo como héroes nacionales, al fin de cuentas ya pagaron su factura. El problema resulta de pensar que las leyes que limitan derechos a la iglesia surgen de una especie de venganza o arreglo de cuentas, y no es así, esas disposiciones están allí con la única finalidad de evitar que se produzcan conflictos que en un dado momento se dieron y, que nuestros legisladores en un afán de evitar que vuelvan a ocurrir, crearon leyes para el efecto. Si algo ha demostrado la iglesia es su hambre de poder y de meterse en todas partes; ahora imaginemos el panorama, si la iglesia actualmente sin contar con poder político reconocido oficialmente se ha vista envuelta en escándalos principalmente de pederastía donde los sacerdotes se encubren unos a otros e intervienen para evitar investigaciones y procesos, ¿Qué sucedería si se les reconoce el poder político que tanto añoran desde que fueron despojados de él? Piensen en ello.


Termino con una frase que encontré en el decálogo del buen esclavo, la cual dice: "Crea que la policía lo cuida, que los militares protegen a la patria y que la iglesia vela por los pobres."


Fuente: Exelsior


diabŏIus

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